El derecho al acceso a la información pública es una herramienta esencial en un Estado democrático. En Perú, la Ley 27806 —Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública— garantiza que cualquier persona pueda exigir datos producidos u obtenidos por entidades estatales, sin necesidad de expresar causa.
Sin embargo, en la práctica surgen barreras que obstaculizan este derecho: demoras, falta de respuesta, o entidades que no cumplen sus obligaciones. Este texto reflexiona sobre los avances recientes, los problemas persistentes, y por qué todos los ciudadanos debemos exigir transparencia.
Diagnóstico: obstáculos reales
Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que desde 2003 hasta 2023 se han presentado 15,775 quejas por vulneraciones al derecho de acceso a la información pública.
Más de la mitad de estas quejas (57.6 %) se relacionan con que la entidad pública no responde dentro del plazo legal.
Las entidades más quejadas son los gobiernos locales, seguidos de los ministerios y los gobiernos regionales.
En mayo de 2024, se publicó el Reglamento nuevo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2024-JUS. Este reglamento busca facilitar al ciudadano el ejercicio del derecho y mejorar la comunicación entre autoridades y ciudadanos.
En setiembre de 2024, el Tribunal de Transparencia aprobó 22 lineamientos resolutivos, para orientar a las entidades públicas y clarificar aspectos como el costo de reproducción de la información, respuesta por medios electrónicos, y las apelaciones.
Cuando la ley y sus reglamentos se aplican de forma adecuada, permiten una mayor rendición de cuentas, reducen la corrupción y fortalecen la confianza ciudadana.
Pero si los plazos no se cumplen, si las respuestas son parciales o la información se niega sin justificación, el derecho queda en papel. Esto debilita la democracia y limita la participación ciudadana efectiva.
El Perú ha logrado avances legislativos importantes para fortalecer el derecho de acceso a la información pública, con normas más claras y lineamientos actualizados.
No obstante, transformar esas normas en hechos requiere vigilancia ciudadana, instituciones responsables y sanciones efectivas cuando se incumplan los estándares. Exigir transparencia no es solo un derecho, es una forma de construir un Estado más justo y participativo.
